EL DERECHO PROCESAL ANTE EL COVID 19

El estado de alarma decretado en España el 14 de marzo de 2020 con el fin de hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha conllevado severas restricciones a la libertad de circulación de los ciudadanos que podrían llegar a impedir el pleno ejercicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, mediante el que se ha decretado el estado de alarma en España (el RD, en lo que sigue), ha adoptado una serie de medidas en este ámbito.

1. Suspensión general de términos y plazos

La disposición adicional segunda del RD ha establecido en su punto primero la suspensión de términos y la suspensión e interrupción de los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales, desde su publicación el 14 de marzo de 2020. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el estado de alarma o, en su caso, las prórrogas del mismo.

Se trata de una medida de suspensión de carácter general, por extenderse a todos los procedimientos de todos los órdenes jurisdiccionales, si bien en el caso de aquellos procedimientos en los que dicha medida se declaró por acuerdo previo a la declaración del estado de alarma, la suspensión opera desde dicho momento.

Por instrucción del Consejo General del Poder Judicial, comunicada el propio 14 de marzo de 2020, la suspensión también se extiende a la celebración de vistas y audiencias.

 2. Excepciones a la suspensión general

 No se aplicará la suspensión general de términos y plazos a los siguientes procedimientos:

  • En el ámbito penal, los procedimientos y medidas con mayor grado de protección, como por ejemplo el hábeas corpus, los servicios de guardia, la asistencia al detenido o las medidas cautelares en materia de violencia de género y menores, así como cualesquiera otras diligencias de instrucción que, por ser urgentes, no se puedan aplazar.
  • En el ámbito contencioso administrativo, seguirá vigente el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona del artículo 114 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
  • En materia laboral, a los conflictos colectivos.
  • En los procedimientos de capacidad de las personas, las medidas judiciales en caso de internamiento no voluntario.
  • Medidas de protección en el ámbito de familia, prestación de alimentos, sustracción de menores y órdenes de protección.

El RD concede además cierta discrecionalidad a los jueces a la hora de valorar las actuaciones necesarias en cualquier procedimiento para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las partes, evitando perjuicios irreparables.

3. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad de acciones y derechos

De acuerdo con la disposición adicional cuarta del RD, los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos han quedado suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de sus prórrogas.

4. Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional aclaró mediante Acuerdo de 16 de marzo de 2020 haber quedado suspendidos todos los plazos procesales y administrativos ante dicho Tribunal durante la vigencia del estado de alarma. Todo ello sin perjuicio de que el Tribunal mantenga su actividad para garantizar el sistema constitucional y ejercer sus funciones en la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas.

5. Procedimientos arbitrales

La normativa dictada hasta la fecha por el Gobierno no contempla medida alguna en relación a los procedimientos arbitrales actualmente en curso, por lo que deberá estarse a lo que dispongan las partes y los tribunales arbitrales, en el marco de las directrices de las diferentes cortes arbitrales.

Persona de contacto
Unai Mieza
PDF file
Download PDF