Nueva ley para facilitar la constitución de sociedades en España

España ha aprobado la Ley 18/2022, de 28 de septiembre de creación y crecimiento de las empresas (la llamada "Ley Crea y Crece"), con el objetivo de agilizar la creación de empresas, reducir los obstáculos normativos, luchar contra la morosidad y promover el crecimiento y la expansión de las empresas. La ley entrará en vigor el 19 de octubre de 2022.

Más facilidades para la creación de empresas en España

La principal novedad es la simplificación y aceleración de los trámites para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada (SL) en España. Para ello, se crea la posibilidad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada con un capital social de 1 euro, en contraste con el capital social mínimo aplicable anteriormente de 3.000 euros. Con ello se pretende fomentar la creación de empresas reduciendo los costes de constitución y dando a los socios fundadores la oportunidad de determinar su capital social en función de sus necesidades. Los fondos obtenidos con la reducción de los costes para la creación de empresas pueden utilizarse para otros fines. También se pretende evitar que los fundadores se trasladen a otros países donde los costes de constitución son más bajos que en España.

Como medidas de protección para los acreedores, la posibilidad de constituir una sociedad por 1 euro está sujeta a dos condiciones: 1) al menos el 20% del beneficio debe destinarse a dotar las reservas legales, hasta que la suma de la reserva legal y el capital social alcance la cantidad de 3.000 euros. 2) si el activo de la sociedad es insuficiente para hacer frente al pasivo de la misma, los socios serán responsables solidarios de la diferencia entre la cantidad de 3.000 euros y el importe del capital suscrito en caso de liquidación.

Otras medidas

La nueva ley también incluye medidas para combatir la morosidad en las operaciones comerciales, una de las cuestiones que más afecta a la liquidez y la rentabilidad de las empresas españolas.

Para ello, se ha extendido la obligación de emitir y enviar facturas electrónicas en todas las actividades comerciales, tanto a las sociedades como a los autónomos, garantizando así una mejor trazabilidad y control de los pagos.

Asimismo, la ley establece que las empresas que no respeten los plazos de pago fijados por la Ley de Morosidad (Ley 3/2004, del 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales), no podrán acceder a subvenciones o contratos públicos si tienen deudas, ya no sólo con el Ministerio de Hacienda o la Seguridad Social, como hasta ahora, sino también con un proveedor.

Por último, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley, se creará un observatorio estatal de la morosidad privada para controlar y analizar los datos sobre los plazos de pago. Entre sus medidas se encuentra la publicación de una lista anual de empresas morosas (una lista de empresas con facturas impagadas por valor de más de 600.000 euros o del 5% de las facturas vencidas).

La Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Morosidad obligan a las grandes empresas a publicar en sus cuentas anuales el plazo medio de pago a sus proveedores o el número de facturas pagadas en un plazo inferior al límite máximo establecido en la Ley de Morosidad.

El reglamento también contiene medidas para mejorar los instrumentos de financiación alternativos para el crecimiento empresarial, como el crowdfunding, como alternativa a la financiación bancaria. La principal novedad de la ley es que ahora los proveedores de crowdfunding pueden ofrecer libremente sus servicios sin tener que obtener una autorización distinta en cada Estado miembro.

Autor: Axel Roth